jueves, 25 de abril de 2013

DEMANDAMOS CASTIGO PARA LOS ASESINOS DE BETY Y JYRI



COMUNICADO DE PRENSA

DEMANDAMOS CASTIGO PARA
LOS ASESINOS DE BETY Y JYRI

25 de abril del 2013

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) demanda de nueva cuenta al Gobernador del Estado Gabino Cué Monteagudo y al Procurador General de Justicia en el Estado Manuel de Jesus López, sean castigados los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestros compañeros Alberta Cariño y Jyri Jaakoola cometidos en Abril del 2010 cuando en una caravana humanitaria se dirigian a la comunidad triqui de San Juan Copala. Oaxaca.

Sabemos que en relación a estos crímenes han sido liberadas 12 órdenes de aprehensión en contra de los presuntos homicidas, entre los cuales se deben encontrar los dirigentes de la UBISORT quienes un día antes de la salida de la Caravana hicieron serias amenazas en contra de la integridad física de nuestros compañeros. También señalamos como presunto autor intelectual de estos hechos de sangre al ex-gobernador Ulises Ruiz Ortiz quien reconoció de manera pública que  había estado financiando al grupo paramilitar UBISORT.

Hasta ahora la impunidad que ha prevalecido en Oaxaca, a pesar de los compromisos contraidos por la administración de Gabino Cué ha permitido que otros activistas oaxaqueños hayan sido asesinados o agredidos en los últimos meses y también ha alentado la escalada de violencia y de ingobernabilidad que impulsan grupos caciquiles ligados al PRI. Es por ello fundamental y condición para la transición democrática en Oaxaca que sean castigados de manera ejemplar los asesinos de nuestros compañeros y los funcionarios de la anterior administración responsables del saqueo del erario y de decenas de crimenes en contra de dirigentes sociales.

CASTIGO A LOS ASESINOS DE BETY Y JYRI
BASTA YA DE IMPUNIDAD

Atentamente
PCI-UCIZONI

domingo, 21 de abril de 2013

Apoya con tu firma: Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola !



Este 27 de abril, se cumplen ya tres años del asesinato de la defensora de Derechos Humanos Bety Cariño y del observador internacional Jyri Jaakkola, quienes perdieron la vida en una emboscada ocurrida en La Sabana Copala, cuando una caravana humanitaria se dirigía a San Juan Copala, comunidad triqui que se encontraba sitiada desde hacía 5 meses y sujeta a permanentes agresiones, por parte del grupo príista paramilitar UBISORT financiado por el entonces gobernador Ulises Ruíz Ortiz.


Durante tres años hemos atestiguado la falta de interés gubernamental por hacer justicia. No hemos percibido un real voluntad para que estos homicidios se resuelvan y los responsables de los mismos sean castigados como lo señala la ley. Los trabajos de investigación fueron constantemente obstaculizados y ahora no se han ejecutado las 12 órdenes de aprehensión libradas en contra de los individuos identificados como responsables de estos arteros asesinatos.. Ni el gobierno Federal ni el gobierno de Oaxaca, así como sus Instituciones encargadas de impartir y procuran justicia se han comprometido para resolver este caso de interés de la comunidad nacional e internacional. La impunidad que se le ha bridado a los asesinos es preocupación de las defensoras y defensores de los derechos humanos quienes entendemos que la impunidad contribuye a que seamos agredidos de manera constante por hacer nuestra labor en la defensa de los derechos de nuestros pueblo.

La actuación de la PGR en la integración de la Averiguación estuvo marcada por las inconsistencias y la falta de interés y las omisiones y la lentitud con las que actúa el Procurador de Justicia del estado de Oaxaca para ejecutar las ordenes de aprehensión nos muestran que persiste el interés de proteger a los asesinos.

A tres años de impunidad, manifestamos las organizaciones sociales, civiles y personas abajo firmantes que estamos atentos a estos hechos tan lastimosos, por lo tanto exigimos al Gobierno de Enrique Peña Nieto y al gobierno de Gabino Cue Monteagudo de Oaxaca

1. Que la Procuraduría General de la República y del estado de Oaxaca ejerzan de una buena vez y de manera Inmediata la ejecución de las ordenes de aprehensión libradas en contra los asesinos de Bety y Jyri, todos ellos integrantes de la UBISORT y reconocidos como autores materiales de la emboscada a la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala.

2. Que se finque responsabilidad penal a los autores Intelectuales de este artero crimen, quienes eran funcionarios Públicos, como Evencio Nicolas Martinez, Ulises Ruiz Ortiz, Carlos Martínez y Wilfrido Almaraz entre otros.

3. Exigimos las garantias necesaria para que los desplazados de la comunidad de San Juan Copala, retornen a sus comunidad, ya que es una obligacion del estado Mexicano el brindarles garantías y atender su derecho a una vida digna y segura.

BASTA YA DE IMPUNIDAD
LA OMISION GUBENAMENTAL ES COMPLICIDAD


HAZ CLIC EN EL LINK PARA SABER MAS DE LA PETICION Y FIRMARLA.


GRACIAS!


lunes, 15 de abril de 2013

A TRES AÑOS DEL ASESINATO DE BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA



A TRES AÑOS DEL ASESINATO DE BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA

Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.
Alí Primera

El 27 de abril se cumplen tres años del vil asesinato de Bety Cariño, la Pitaya roja, y Jyri Jaakkola de origen finlandés, a manos de la Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT), cuando se dirigían en la caravana humanitaria y de observación para conocer la realidad en la que se encontraban los habitantes de San Juan Copala, comunidad sitiada desde cinco meses antes por la UBISORT.

Bety y Jyri nos enseñaron con su ejemplo un nuevo modelo de solidaridad internacional al ofrendar su vida por la vida e iniciar la construcción de un camino de paz, sueño truncado de quienes durante décadas han sido sacrificados por los interesés de los grupos de poder, la clase política y los gobiernos: me refiero al pueblo Triqui.

Bety, originaria de Chila de las Flores, Puebla, ha significado –para quienes caminamos a su lado–, el ejemplo inquebrantable de una mujer revolucionaria actual; el signo más vivo de solidaridad y entrega por los marginados; el amor a su pueblo, a donde siempre volvió. Después de terminar su licenciatura en educación, en comunidades del distrito de Huajuapan de Leon Oaxaca, ofreció un sinfín de iniciativas y propuestas con la comunidad, ante la privatización de la vida, la criminalización de los migrantes mixtecos, el racismo y el desprecio contra los indígenas de la región. Impulsó el proceso de autonomía económica a partir de modelos de economía solidaria, sin olvidar los trabajos de formación dirigidos a jóvenes, trabajo poco reconocido pero fundamental en la construcción de la conciencia. También influyó en la capacitación de las comunicadoras de la Radio “La voz que rompe el silencio”, Teresa y Felictas, también asesinadas en San Juan Copala, el 8 de marzo de 2008. Bety fue, sin duda, una mujer preocupada por los pueblos, donde entregó su vida como defensora de los derechos humanos. Bety, quien estuvo también presente en todos los llamados del movimiento zapatista, fue directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), organización mixteca, de la cual era, además, fundadora y en la que construyó una parte importante de sus inspiraciones.

Su fuerte liderazgo y su compromiso la llevaron a ser parte de varios procesos a nivel nacional-internacional, muchos de ellos poco conocidos, como el Centro de Estudios Ecuménicos, en comunidades de la montaña alta de Guerrero, donde Bety participó a través de las Redes de Salud Alternativa. Formó parte del Comité Mesoamericano de los Pueblos, en donde fue clave para la articulación de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, referente mexicano del Foro Mesoamericano que nació como respuesta ante el Plan Puebla-Panamá y los megaproyectos promovidos por capital trasnacional. Asimismo, articuló, de manera conjunta con otras organizaciones, la Red Mexicana Contra la Minería (REMALC), el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, la Red de Radios Indígenas y comunitarias del Sureste Mexicano.

El olvido es la apuesta de los perpetradores de estas heridas que no sanan. Están presentes y vivas en la memoria de la gente: su partida violenta, el hecho de que no se les ha hecho justicia, mientras los asesinos pasean delante de nuestra propia cara. Esta impunidad es garantizada por el gobierno federal y el de Oaxaca, una especie de política de estado, es decir, mensaje transmitido con la finalidad de quebrantar la voluntad de quienes buscan la construcción de la justicia y abandonar nuestros objetivos, como hacer frente a esta guerra contra los pueblos indígenas y el despojo de sus territorios.

Por ello, Bety Cariño y Jyri Jaakkola están presentes, vivos en nuestro día a día. Para quienes tuvimos la oportunidad de conocerla, en las movilizaciones, en la charlas, en la vida cotidiana, en su papel de madre que enseñó a sus dos hijos el amor a su pueblo y el desapego a los bienes materiales, Bety es bandera de nuestra lucha, ejemplo de amor vivo y fraterno a un pueblo que sigue siendo sacrificado. Hoy, al cumplirse tres años de su asesinato, la mejor manera de recordarla, para nosotros, es la movilización, la rebeldía y la voluntad, de cada uno y una de ustedes, para cambiar el destino que nos han querido imponer.

Bety vive porque “los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos...”

Omar Esparza, 15 de abril del 2013.




jueves, 11 de abril de 2013

FORO



FORO :

CONSTRUYENDO LA AGENDA POLITICA DEL MOVIMIENTO SOCIAL OAXAQUEÑO

 

En un acto democrático en 2010, el pueblo de Oaxaca pone fin a 81 años de gobiernos priistas, a través del voto por un cambio en el ejercicio de gobierno.

El apoyo popular que hizo posible el triunfo de Gabino Cue, tuvo la expectativa de que se realizara una verdadera transición, donde se pensaba que, sin lugar a duda, la justicia y el castigo a los crímenes cometidos por el régimen de Ulises Ruiz representaban un eje fundamental de dicho proceso.

Detrás de esta coyuntura electoral donde triunfa la oposición, está la suma de esfuerzos por la democratización y la justicia que se vienen impulsando en Oaxaca por lo menos, desde hace cuatro décadas. Este momento es una “acumulación de batallas libradas en diferentes planos”: indígena, civil, magisterial, popular, estudiantil y feminista. 

A  más de dos  años  del  “gobierno del cambio” vemos con preocupación que  la  situación  en  Oaxaca  no  ha  cambiado; por el contrario,  en muchos  sentidos se ha  agudizado la problemática.  

Dentro de las múltiples señales de no transformación, están: 

  • El no combate a la corrupción y a la impunidad de los funcionarios del sexenio anterior, siendo una de las principales demandas ciudadanas.
 
  • Una preocupante inestabilidad política en diversos municipios y comunidades en el estado.

  • La reactivación de conflictos agrarios añejos, alentados por intereses caciquiles, pero que a la par, se observan conflictos territoriales debido al impacto de los proyectos de inversión al desarrollo en el estado: proyectos mineros, parques eólicos, presas hidroeléctricas, infraestructura carretera, entre otros
 
  • De manera contradictoria, el gobierno estatal ha adoptado el discurso de la defensa y promoción de los derechos humanos, al mismo tiempo que se observa cómo se reprimen a comunidades que defienden sus derechos territoriales, a jóvenes, mujeres y se criminaliza a las y los defensores, así como al movimiento social. 

  • Los diferentes grupos de poder enquistados en el gobierno, se disputan el control y la dirección política del mismo, con graves consecuencias para la sociedad oaxaqueña, ante la inoperancia de acciones gubernamentales. 

  • Pero también ante la falta de soluciones, se están alentando contradicciones sociales al interior de la propia ciudadanía, con el objeto de se den desencuentros y enfrentamientos y que son abonados con la intervención de algunos servidores públicos y algunos integrantes de los medios de comunicación, lo que puede derivar en consecuencias muy graves y en un fraccionamiento mayor de la sociedad oaxaqueña.
Por  otro lado  y asumiendo una actitud  autocritica,  creemos que el  movimiento  social se encuentra disperso, respondiendo solo de manera reactiva, sin tener  una agenda política para el cambio profundo y democrático de la sociedad y  del sistema político.

Urge que el movimiento  social ahonde la reflexión y puedan hacer las propuestas con la profundidad, amplitud y rapidez que nuestra realidad requiere.   

Provenimos de la resistencia civil y la protesta pública, pero también con capacidad de propuesta y construcción desde  hace más de 15 años; si la protesta pública abrió cauces para la alternancia en Oaxaca, consideramos que ésta tendrá que ser motor esencial de la transición y nuestra propuestas tienen que ser incorporadas para lograr una verdadera transformación.
 

En este contexto, CONVOCAMOS a las comunidades y pueblos de Oaxaca, a  los sindicatos democráticos e independientes, a las organizaciones Sociales, campesinas e Indígenas, al movimiento  estudiantil, a las Organizaciones Civiles, a los  colectivos, al FORO:

 
CONSTRUYENDO LA AGENDA POLITICA DEL MOVIMIENTO SOCIAL OAXAQUEÑO

con la finalidad  de  abrir un espacio para discutir la situación  actual   del  estado, la agenda política y las posibles acciones  del  movimiento  social .
 

El Foro se llevará  a cabo el dia 19 DE ABRIL en las  instalaciones del Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño  (CAMPO) sita en Camino Real a San Luis Beltrán # 505, San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez. El Foro tendrá un  horario de  9  a 19 Hrs.
 

Oaxaca a 8 de Abril del 2013

FRATERNALMENTE

Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, Comisión Comunal Santa María Chimalapas, Comité Comunitario por la defensa del Territorio de San Miguel Chimalapas, Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo,Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos “GOBISHA”, Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, COMCAUSA, Frente de Pueblos del  Bajo Mixe Choapam, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos de Oaxaca, OICOREMA-MAÍZ, Organización Campesina Independiente de Oaxaca-CNPA, Servicios para una Educación Alternativa, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo

 

 

 

 

martes, 9 de abril de 2013



PRONUNCIAMIENTO

 

NI UNA AGRESION MÁS A LAS RADIOS COMUNITARIAS

DEL ISTMO DE OAXACA

 

 A la opinión publica

A los medios de comunicación

A Las Radios comunitarias de Oaxaca y México

A las Organizaciones defensoras de derechos humanos

Al Congreso Nacional de Comunicación Indígena

 
 
En el estado de Oaxaca las radios comunitarias han venido jugando un importante papel en la lucha de nuestros pueblos en defensa de sus derechos, territorios y cultura.

Ante la invasión de empresas trasnacionales que sufrimos los pueblos indios del Istmo de Tehuantepec; Oaxaca, las radios comunitarias han sido un medio de información fundamental en la defensa de los territorios, ello ha provocado que las empresas eólicas y sus cómplices los caciques locales y los funcionarios de gobierno hayan venido desarrollando en los últimos meses una agresiva campaña represiva que busca acallar esta voz.

A Radio Huave pionera de las radios comunitarias en el Istmo de Tehuantepec, la cual desde hace ya más de 10 años ha venido denunciando los impactos del megaproyecto eólico recientemente le fue robado su equipo de transmisión, en este hecho están relacionados, según denuncia existente, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco del Mar pagados por una empresa trasnacional.

Esta oleada represiva se ha agudizado en los últimos días a raíz de la creciente confrontación que enfrentan las comunidades istmeñas frente a la construcción de parques eólicos.

El comunicador binniza Filiberto Vicente de Radio Xadani recibió hace pocos días serias amenazas de muerte: los comunicadores de la Radio Voces de los Pueblos Karina Martínez e Ignacio Garrido, fueron retenidos en San Mateo del Mar junto a la conocida periodista Rosa Rojas del Diario “La Jornada” y otros comunicadores, cuando realizaban trabajo periodístico en torno al megaproyecto eólico de Barra de Santa Teresa que impulsa la empresa Mareña Renovables.

Las agresiones más recientes se cometieron en contra de Radio Totopo de Juchitán la cual ha jugado un papel central en la lucha de los pescadores binniza en contra del parque eólico que pretende construir la empresa española Gas Natural Fenosa en terrenos comunales de Juchitán; Radio Totopo ha sufrido graves ataques y el robo de su equipo los días 26 y 29 de marzo pasado y uno de sus promotores Carlos Sánchez fue agredido por la policía estatal la cual le fracturó un brazo. Carlos ha sido detenido hace unos minutos por la Policía Estatal acusándolo del delito de extorsión

Ante la oleada represiva que vienen sufriendo las Radios Comunitarias del Istmo hacemos un urgente llamado a la solidaridad y le exigimos las empresas Mareña renovables y Gas Natural Fenosa, y al Gobierno del estado de Oaxaca cesen el hostigamiento en contra de estos medios de comunicación comunitarios.

Exigimos una investigación a fondo de estas agresiones y castigo para los funcionarios y empresarios ligados a la violación de nuestro Derecho a la Información.

Basta ya de represión; la Violencia no acallara la Voz de Nuestros Pueblos.

Libertad Inmediata para Carlos Sánchez y Mariano López

 
Atentamente, 

UNION DE COMUNIDADES INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL ISTMO
RADIO LAS VOCES DE LOS PUEBLOS 102.1 FM
MAIZ-OAXACA
FRENTE DE PUEBLOS INDIGENAS DEL BAJO MIXE-CHOAPAM
RADIO COMUNITARIA AXOCOTZIN
RED DE RADIOS COMUNITARIAS DEL SUR DE VERACRUZ
SEMANARIO LA REBELION DE TEHUANTEPEC
ALIANZA MEXICANA POR LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS
RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL
AGENCIA INTERNACIONAL DE PRENSA INDIGENA

El campo no aguanta más la destrucción de la agricultura y la depredación de nuestras comunidades, sinónimo de continuismo neoliberal



El campo no aguanta más la destrucción de la agricultura y la depredación de nuestras comunidades, sinónimo  de continuismo neoliberal

 

§  Demandamos un cambio de fondo en la política agroalimentaria que revalore la agricultura familiar

§  Exigimos la reducción de la pobreza rural con desarrollo productivo y servicios de calidad

§  No + exclusión, monopolios, dependencia, TLCs , malnutrición, despojo, uso clientelar del presupuesto público  y violación de derechos humanos en el campo

§  El campo requiere cambios de fondo ya, no pactos ni techo$ a cambio de continuismo

 

A 30 años de la política neoliberal en el campo, a casi dos décadas del TLCAN y cinco sexenios con alternancia partidaria, observamos con profunda preocupación e indignación que la nueva administración federal pretende continuar la misma política fracasada hacia el sector agroalimentario y rural que tanto daño ha causado al campo y al país en su conjunto.

Es inaceptable que el presidente Peña Nieto haya ofrecido a lo largo de su campaña presidencial un cambio de fondo en las políticas públicas hacia el campo y ahora, en la presidencia de la república y a poco más de 100 días del inicio de su administración, dé continuidad al modelo neoliberal y mantenga las mismas políticas en el sector agroalimentario y rural:

a) Mantenimiento de los privilegios para los monopolios agroalimentarios y un sector minoritario de agricultores comerciales rentistas;

b) Profundización de la dependencia alimentaria;

c) Negativa a reconocer potencial productivo de los pequeños y medianos productores;

d) Continuismo en las acciones a favor de la privatización y despojo de las tierras y los bienes naturales de los pueblos originarios.

e) Promoción del modelo agrícola fracasado de “revolución verde” con transgénicos, agroquímicos, depredación, dependencia y monopolios;

f) Modelo de alimentación que destruye nuestra diversidad de culturas de producción y consumo alimentario e impone patrones de consumo de alimentos y bebidas chatarra como mercancía que provocan hambre y obesidad al tiempo que aumentan las utilidades de las corporaciones agroalimentarias;

g) Persistencia en el uso opaco, clientelar y político-electoral de los programas rurales, asignando techos presupuestales a las centrales campesinas a cambio de lograr su apoyo político al continuismo neoliberal;

h) Fe ciega en el dogma del libre comercio y de los TLCs como el TPP que negocia en secreto y de espaldas al Congreso y a la sociedad rural y la ciudadanía en general;

i) Política inercial y caduca en materia de Áreas Naturales Protegidas, basada en un paradigma de conservación pasiva a costa de violentar los derechos de los campesinos e indígenas.

j) Falta de una política de Estado de largo plazo, con presupuesto multianual, certidumbre y concertación con los sectores productivos del campo.

Frente a estos hechos de la nueva administración federal y frente al agravamiento de las condiciones económicas, sociales, ambientales y de seguridad en las comunidades campesinas y las principales ramas productivas del sector agroalimentario, las organizaciones del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) expresamos -desde nuestra autonomía, diversidad, pluralidad e independencia de partidos políticos y centrales campesinas- nuestra oposición e indignación a la continuidad de las políticas públicas federales de abandono, desprecio, exclusión y despojo hacia los pequeños y medianos productores agroforestales y a las comunidades rurales del país y demandamos, no pactos ni techo$, sino un cambio de fondo en el papel que puede y debe jugar el campo mexicano –y en particular el sector mayoritario de pequeños y medianos productores- en el cambio económico, social y ambiental que requiere nuestro país sobre la base de las siguientes:

DEMANDAS GENERALES CENTRALES

 

1.

 Autosuficiencia alimentaria con campesinos e indígenas y con sustentabilidad, sin transgénicos y sin monopolios. Cambio tecnológico para la productividad, rentabilidad, sustentabilidad, la adaptación al cambio climático, la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y el bienestar de los productores, sus familias y sus comunidades. Políticas para el fomento de la producción y apoyo al ingreso en ramas estratégicas; maíz, café y otros. Producir en nuestro país los alimentos que requieren los mexicanos. No a los transgénicos. Políticas para el acceso a créditos de menor costo para la mayoría de los productores rurales. Apoyo al fortalecimiento de los organismos financieros de las asociaciones de productores. Renegociación del TLCAN y no al TLCAN plus que es la Asociación Transpacífica (TPP).

 

2.

Precios remunerativos y certidumbre en la comercialización de las cosechas. Rectoría y regulación del Estado, administración campesina de la oferta, alianza del Estado con los sectores productivos y desmantelamiento de las prácticas monopólicas. Precios remunerativos para la producción agropecuaria y forestal. Medidas de ordenamiento de los mercados en favor de los pequeños productores. Regulación de las importaciones de maíz, café, productos forestales y otros. Garantizar compras gubernamentales prioritarias a pequeños productores organizados.

3.

Fortalecimiento de la propiedad social de la tierra  y respeto a los derechos de los pueblos originarios, a sus modos de producción, vida y cultura; defensa de la propiedad social de la tierra y valorización campesina de la tierra y recursos territoriales. Reconocimiento del Derecho al Territorio de comunidades indígenas campesinas y respeto al Consentimiento Previo Libre e Informado ante proyectos extractivos en todas sus formas: mineros, hidroeléctricos, eólicos, turísticos, inmobiliarios, etc. Implementación efectiva del Derecho a la Consulta y respeto del Derecho al Disentimiento. Manejo autónomo y comunitario de los bosques y demás recursos renovables y no renovables en territorios indígenas. Visibilización de las contribuciones, necesidades e iniciativas de mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad. Estrategia integral de equidad y empoderamiento de mujeres y jóvenes rurales. Acceso universal a telefonía e internet gratuito en todas las comunidades rurales. Exigimos que la Ley de Telecomunicaciones incluya del derecho de comunidades y pueblos indígenas a crear radio y televisión comunitarias.

4.

Reorientación del gasto público de los programas de atención campo hacia el desarrollo rural sustentable, priorizando la estrategia de reducción de pobreza y la eliminación del hambre mediante programas de desarrollo productivo, de seguridad alimentaria basada en el desarrollo de semillas criollas y aprovechamiento integral de la pluriactividad, inversión en empresas y proyectos agrícolas y no agrícolas generadores de empleos locales; asegurar la inclusión financiera mediante sistemas de organizaciones de ahorro y crédito confiables y eficientes; combinar inversiones  de subsidios, capital de riesgo, asociación público-privada para la creación de empleos decorosos, el impulso a las cadenas de valor en empresas campesinas e indígenas; el acceso  al crédito y todos los servicios financieros de ahorro, microseguros, medios de pago para campesinos, combinado con una inversión en activos públicos que garanticen servicios de educación, salud, comunicaciones y vivienda.

5.

 Derecho a la calidad de vida y plena ciudadanía para los pobladores del campo. Plena realización de derecho a la alimentación y al bienestar (empleo, salud, vivienda –producción social de vivienda-, educación, servicios financieros adaptados y de proximidad, cultura, recreación) para las familias y comunidades rurales. Acceso a la información y fin a la opacidad de programas públicos y obligación de los tres niveles de gobierno al  rendimiento de cuentas. Fomento y apoyo a la formación y funcionamiento de Organizaciones locales y regionales tendiendo a la diversificación productiva, social y cultural. Políticas de Estado para combatir la desnutrición y obesidad con alimentos sanos y nutritivos producidos en México. Programa Nacional Alimentario y Nutricional. Alto a la “chatarrización” de la comida mexicana promovida por las empresas transnacionales. Exigimos mantener el apoyo a la producción social de vivienda a través de CONAVI y todos los programas de vivienda.

6.

Participación plena y efectiva de las organizaciones campesinas e indígenas en el diseño de las políticas contra el Cambio Climático, demandamos la reorientación de la política de Áreas Naturales protegidas; reinvindicamos el derecho del aprovechamiento y uso sustentable de bosques y ecosistemas naturales. Impulso a la diversificación productiva; de la ganadería y agricultura sostenibles y del reconocimiento y pago de servicios ambientales. Las políticas de conservación pasiva que restringen los derechos de campesinos e indígenas sólo generan degradación y destrucción de los ecosistemas forestales. También exigimos participación en el diseño de los programas de desarrollo productivo y en las nuevas estrategias de reforma a la banca de desarrollo para que sirva efectivamente al desarrollo y no siga ampliando la desigualdad al concentrarse en los grandes productores. Exigimos una reforma financiera incluyente y un programa de fomento a la organización de intermediarios financieros campesinos.

7.

Ciudadanía plena y derecho a la organización autónoma de los productores y pobladores rurales, autogestiva, plural y democrática de los pequeños y medianos productores agropecuarios y forestales (pympas). Fin al uso clientelar y político electoral de los recursos y programas públicos. No a los techo$ que asignan las dependencias a determinadas organizaciones. Un presupuesto público y mejor funcionamiento de las instituciones en apoyo a la producción campesina en México, y no al servicio de las grandes empresas.

Los campesinos y campesinas del país no aguantamos más. Treinta años de neoliberalismo y dos décadas de TLCAN son suficientes. No queremos un gobierno que prometa una cosa y haga otra. No al continuismo neoliberal en la agricultura, la alimentación y en la (des)consideración del medio rural.

Llamamos a las organizaciones y movimientos campesinos nacionales, regionales y locales a movilizarnos en torno a las cinco demandas generales centrales por un cambio de fondo en las políticas agroalimentarias y rurales del país.

Exhortamos a las organizaciones y movimientos rurales autónomos a resistir la cooptación, el divisionismo y la pasividad.

Llamamos al gobierno federal a dejar de lado la simulación, el clientelismo y el corporativismo y emprender un nuevo camino de diálogo democrático para alcanzar acuerdos concretos para el cambio de fondo en las políticas hacia el campo.

 

¡El campo no necesita monopolios, dependencia, TLCs, pactos ni techo$!

¡Necesita cambios de a deveras!

Atentamente

Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC:

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Coordinadora Estatal de los Productores de Café de Oaxaca (CEPCO), Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) 

www.conoc.org.mx               francia@conoc.org.mx  tel. (55)56626354